Es el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos debido a retrasos injustificados en los procedimientos judiciales atribuibles a la Administración de Justicia.

Se considera que hay dilación indebida cuando un procedimiento judicial supera un plazo razonable sin justificación, afectando el derecho a una tutela judicial efectiva, especialmente si el retraso excede los 15 meses en casos concretos.

Cualquier persona física o jurídica que haya sido perjudicada por el retraso injustificado en la resolución de su caso judicial.

Podrás conseguir una indemnización económica por los perjuicios sufridos (daños materiales y morales), así como el desbloqueo de tu procedimiento judicial, para que tu caso avance sin más demoras.

Para presentar una reclamación, debe cumplirse:

• Que el retraso en el procedimiento judicial sea superior a 15 meses.
• Que el retraso no sea atribuible al propio reclamante.
• Que se pueda demostrar el perjuicio causado por la dilación.

Se pueden reclamar tanto perjuicios económicos (pérdidas materiales) como morales (estrés, ansiedad o daño a la reputación). Es fundamental documentar adecuadamente ambos tipos de daños.

Debe presentarse una solicitud formal ante la Administración competente, aportando:

• Documentación que acredite la dilación (resoluciones judiciales, escritos, comunicaciones).
• Pruebas del perjuicio sufrido (facturas, informes periciales, certificados médicos, etc.).

• Resoluciones judiciales que demuestren los retrasos.
• Pruebas del perjuicio económico y/o moral.
• Cualquier otra documentación que sustente la relación entre la dilación y el daño sufrido.

El plazo general es de 1 año desde que se tenga constancia del daño causado por la dilación indebida.